A la espera de firmar su definitiva acta de “defunción” o
resurgir cuan ave fénix de sus cenizas, después de que el presidente de la
Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo planteara una profunda reflexión sobre
el futuro de las mancomunidades, el organismo supramunicipal de la Cuenca
Minera, creado en 1990, se encuentra en estado de standby a partir del 1 de
diciembre, con un solo funcionario, que ya dimitió de sus funciones como
secretario, y una deuda global de 4,5 millones de euros.
El agujero que deja la mancomunidad
Cuenca Minera está provocado en gran medida por el incumplimiento en el abono
de las cuotas correspondientes a sus socios, los siete municipios que forman
parte del ente: Nerva, Minas de Riotinto, Zalamea la Real, El Campillo,
Campofrío, La Granada de Riotinto y Berrocal, que tal y como reconoció el
presidente del organismo, Juan Jesús Bermejo, “nunca se tomaron en serio este
asunto”.
Ninguno de los alcaldes, todos ellos
del PSOE, que han pasado por la presidencia de este mancomunado desde su
creación en 1990, desde Francisco Sánchez (Zalamea) hasta Juan Jesús Bermejo
(Berrocal), pasando por José Villalba (Nerva), Salvador González (Campofrío),
Fernando Pineda (El Campillo), José Manuel Delgado (Minas de Riotinto) y
Vicente Zarza (Zalamea), han sabido hacer ver a sus homólogos en la Cuenca
Minera la importancia vital de cumplir con las cuotas de socios para mantener
la viabilidad del organismo a largo plazo.
El
reparto de los gastos de la mancomunidad Cuenca Minera estaba estipulado en
función del número de habitantes de cada municipio con el siguiente reparto
porcentual: Nerva (33,20); Minas de Riotinto (24,20); Zalamea la Real (17,70);
El Campillo (12,60); Campofrío (6,10); Berrocal (3,60) y La Granada de Riotinto
(2,60).
Las
últimas cuotas mensuales acordadas para hacer frente a los gastos del organismo
supramunicipal quedaron como sigue: Nerva (6.856 euros); Minas de Riotinto
(4.998); Zalamea la Real (3.655); El Campillo (2.602); Campofrío (1.260);
Berrocal (743) y La Granada de Riotinto (537).
La mayoría de ayuntamientos, excepto
Minas de Riotinto, gobernado por el PP, y El Campillo, con un pacto de gobierno
entre PA y PP, han cumplido o están cumpliendo con sus cuotas hasta durante el
presente mandato. Pero la crítica situación económica en la que se encuentran
la mayoría de los ayuntamientos mineros y la enorme deuda generada hace
prácticamente imposible seguir prestando los servicios habituales y afrontar
los pagos al mismo tiempo.
Deuda
Concretamente, el 66,66 por ciento,
algo más de 3 millones de euros deben los ayuntamientos de la Cuenca Minera. El
ranking de morosos lo encabeza Nerva, que jamás cumplió con sus cuotas como
socio hasta que el entonces independiente Domingo Domínguez (PSOE) se hizo
cargo de la alcaldía del municipio con mayor número de habitantes de la zona en
2007. Desde entonces, Nerva ha realizado varios ingresos extraordinarios por
importe de 140.000 euros y cumple con sus 6000 euros mensuales de cuota en lo
que se lleva de este nuevo mandato.
El
segundo puesto del ranking de morosos lo ocupa Minas de Riotinto con 708.000
euros. Se trata de un caso muy parecido al nervense. Los regidores que han
pasado por el consistorio minero a lo largo de las dos últimas décadas de
existencia de la mancomunidad, nunca se preocuparon de cumplir con sus cuotas
de socio. Para más inri, la actual alcaldesa riotinteña, Rosa Caballero (PP),
junto a su homólogo en El Campillo, Francisco Javier Cuaresma (PA), con una
deuda cercana a los 300.000 euros, se negaron a cumplir los compromisos
adquiridos a comienzo de este mandato por el resto de alcaldes de la zona para
abonar sus cuotas. El resto de la deuda se la reparten: Zalamea la Real, que
ronda el medio millón de euros; Campofrío con 155.000 euros, Berrocal con 83.000
euros y La Granada de Riotinto con 38.000 euros.
Al
margen de esos 3 millones de euros que los siete ayuntamientos de la Cuenca
Minera deben a su mancomunidad en concepto de cuota de socio, el organismo
supramunicipal deja de prestar sus servicios a la comarca con otro agujero de
1,5 millones de euros. Al menos, una cuarta parte de esta deuda, se lo llevan
los 350.000 euros que deben a sus trabajadores en concepto de nómina, más de la
mitad corresponde a la última nómina de noviembre de 2011 de las últimas
Escuelas Taller y Talleres de Empleo gestionados por el ente mancomunado. El
resto se lo deben a la plantilla laboral fija que cesó en sus funciones a final
del mes pasado. Además, el organismo supramunicipal tiene contraída una deuda
con la Seguridad Social superior a los 200.000 euros, otra con Hacienda de
100.000 euros, debe a proveedores unos 350.000 euros y a diferentes entidades
financieras alrededor de medio millón de euros.
Servicios que desaparecen
De los doce trabajadores que formaban parte de la
plantilla fija del ente mancomunado, que no han duda en apuntar a los políticos
de la Cuenca Minera como los principales culpables de la desaparición de la
mancomunidad, sólo queda el funcionario que hacía la labores de secretario, que
se encargará de ir ordenando su cierre, si es que antes no renuncia a su plaza.
El resto de trabajadores han optado por irse al paro, tras denunciar a la
mancomunidad por impagos, con la intención de, al menos, cobrar el desempleo.
Aunque
la mancomunidad Cuenca Minera se creó en 1990 para gestionar los residuos
sólidos urbanos de los siete municipios que forman parte de ella, con el tiempo
fue adquiriendo otras competencias como: la gestión del ciclo integral del
agua; la orientación profesional, formación y empleo, a través del servicio de
Andalucía Orienta y todo tipo de cursos de FPO, Escuelas Taller y Talleres de
Empleo; el desarrollo y promoción turística de la comarca; el desarrollo y
promoción económica; y el desarrollo y funcionamiento de programas de Servicios
Sociales, como el Centro de Información a la Mujer y la UNEM, Unidad de Empleo
a la Mujer. A lo largo de sus últimos años de historia, el organismo
supramunicipal también ha participado en varios proyectos de Cooperación
Internacional.
Todos
estos servicios, que ahora desaparecen, han permitido, entre otras cuestiones
de interés, una atención casi particularizada hacia los colectivos más
desfavorecidos en una de las zonas más deprimidas de la provincia de Huelva,
como jóvenes, mujeres, y adultos desempleados de larga duración.
Reacciones políticas
El presidente de la mancomunidad Cuenca Minera, Juan
Jesús Bermejo (PSOE), que reconoce la culpa que han tenido todos los alcaldes
que han pasado por este organismo a lo largo de sus más de veinte años de
historia sin tomarse realmente en serio el pago de las cuotas correspondientes
como socios, asegura que a partir del mes próximo mes dedicarán todos sus
esfuerzos a pagar la deuda que tienen contraía con los extrabajadores,
proveedores y entidades financieras.
Para
saldar la deuda, Bermejo exige a los alcaldes de la Cuenca Minera que cumplan
con los compromisos adquiridos en las últimas reuniones, incluidos los
Ayuntamientos de El Campillo y Minas de Riotinto que, según afirma el
presidente de la mancomunidad, dejaron de pagar sus correspondientes cuotas
porque no veían ninguna salida a la situación que se estaba dando. “Pero ahora,
entre todos, sin excepción, tendremos que pagar lo que se debe”, exige.
El
alcalde de Nerva, Domingo Domínguez (PSOE) reconoce que la deuda ha llegado a
alcanzar un nivel que, “ahora que se quiere no se puede y cuando se pudo no se
quiso”. Para el primer edil nervense, los alcaldes de la comarca están haciendo
ahora el mayor de los esfuerzos en el peor de los momentos posibles. “Teníamos
dos opciones: huir hacia delante y hacer más grande la bola o cerrar de forma
ordenada y afrontar la deuda generada para lo que deberemos de seguir
cumpliendo con las últimas cuotas establecidas hasta saldarla”, aclara.
Por su
parte, el primer edil de Zalamea la Real, Marcos García (IU), que asegura que a
él no le ha comunicado nadie aún el cierre oficial de la mancomunidad, propone
adelantar las cuotas de 2013, tal y como hicieron con las de 2012, y
durante el primer semestre del próximo año, adelantar las de 2014, con la
intención de, al menos, saldar la deuda contraída con los trabajadores que
asciende a 350.000 euros. “Tenemos la obligación de pagar lo que se debe. Ahora
bien, todos tenemos que llegar al mismo nivel de compromisos de pago. No
podemos exigir que la Granada de Riotinto pague hasta que todos cumplamos con
nuestros respectivos porcentajes”, advierte.
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